La consecuencia de la no acogida es la muerte

Lo vemos desde hace años en el Mediterráneo, lo vemos en las costas españolas donde llegan pateras y cayucos, lo vimos en Moria... y lo hemos visto esta noche en Badalona.

Pero no sólo, el incendio de anoche en las calles de Badalona no es una situación puntual, se suma a otros incendios que sabemos han tenido lugar en Barcelona. No es un caso excepcional, es fruto de la ausencia y falta de recursos.

Nuestra incapacidad para acoger conlleva que muchas personas tengan que malvivir en sus países de origen, viéndose obligadas a migrar. Deban malvivir durante años en su tránsito hacia el país de destino. Deban malvivir, una vez en nuestro país, sometidos a la burocracia del arraigo que impide acceder a un empleo y, por tanto, a un hogar. Este malvivir lo hemos estirado tanto, que ha llegado a convertirse en muerte.

Hoy tenemos que malvivir todos y todas porque sabemos que hay dos muertos, no sabemos qué ha pasado con las 148 personas restantes que se cobijaban a la nave del barrio del Gorg, y el fuego aún continúa activo.

Como ciudadanos y ciudadanas debemos exigir a responsables políticos, todos y todas, que esta sea la última vez. Que estas sean las últimas muertes por consecuencia de la no acogida. No es difícil hacerlo si se ponen los recursos necesarios. Es urgente y es importante.

Exigimos a las instituciones:

• Estrategias de acogida sistémica que pongan en el centro la acogida de las personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, personas en situación administrativa irregular.
• La flexibilización de los procesos de regularización actuales para que no se conviertan en una carrera de obstáculos insalvable para las personas, que las lleva a caminos sin salida y exclusión (vivienda, trabajo ...).
• El compromiso a formular políticas que no respondan a la inmediatez, que den respuesta a una crisis migratoria y a una realidad que ya hace años que es parte de nuestras ciudades, y la manera de gestionarla ha sido siempre desde la urgencia.
• El reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes y el derecho a migrar, derechos que son universales e inherentes a cualquier persona.