El Sector Social de los Jesuitas se suma a las denuncias ciudadanas por la falta de asistencia jurídica y de información sobre derechos de las personas migrantes que llegan a Canarias
Martes, 11 de noviembre de 2020. Son varias las organizaciones que denuncian la falta de asistencia letrada y de interpretación en las primeras labores de identificación de las personas migrantes que lleva a cabo la Policía en las islas Canarias, incluido el Ilustre Colegio de Abogados de las Palmas. De este modo, las personas se ven privadas de una garantía prevista por la ley. Desconociendo el marco legal, difícilmente pueden expresar sus necesidades de protección. Anteriormente, numerosas entidades han denunciado las pésimas condiciones de acogida a las personas migrantes que llegan a Canarias, tengan o no perfil de protección internacional: entre ellas, la Red Migrantes con Derechos, en la que se integra el Sector Social de la Compañía de Jesús.
El Sector Social, que forma parte del JRS (Servicio Jesuita a Refugiados) y con experiencia en frontera sur a través de SJM; en los países de origen y tránsito con Alboan y Entreculturas; y con infancia y juventud mediante la red Mimbre, mantiene un contacto estrecho con los secretariados diocesanos de migraciones, con otras entidades y con algunos periodistas que cubren la situación, apoyando su trabajo y sus reivindicaciones. A través de estas vías, está en contacto con algunos migrantes malienses con claro perfil de asilo a través de la protección subsidiaria que temen que se les devuelva sin haber podido solicitar protección internacional. Explican que al día siguiente de llegar la policía les entregó un documento. Un traductor se limitó a asegurarles que ese papel no implicaba necesariamente que fuesen a devolverlos. Pero ningún abogado les explicó sus derechos ni cómo solicitar la protección internacional. Tampoco les dieron el nombre de sus abogados e intérpretes, por lo que no pueden mantener el contacto. Pasados dos meses, están confinados en un hotel, pasando la cuarentena, sin que nadie les haya asesorado sobre sus derechos ni dado pasos para solicitar protección. Y temen que la Policía los devuelva a Mali, un país en conflicto armado, siquiera vía Mauritania.
Vista la situación con mayor perspectiva, se tiene constancia de otros aspectos de la falta de acceso a la protección: a las personas que llegaron hace meses a Canarias se les dio cita para la entrevista de asilo a un año vista y luego fueron trasladadas a la Península: su proceso puede quedar truncado teniendo en cuenta los obstáculos derivados de los cambios de centros de acogida en la península, la dificultad de realizar el empadronamiento en sus nuevos destinos y solicitar en las oficinas de policía el cambio de dirección para nueva cita.
Cabe detallar más situaciones. A la postre, la única preocupación que parece tener el Ministerio del Interior es asegurar la devolución del mayor número de personas. Ya se ha efectuado el primer vuelo a Mauritania desde las islas, que actúan como muro de contención de la migración en Frontera Sur junto a las ciudades de Ceuta y Melilla. Es necesario preservar las condiciones de acogida y velar por las garantías en los procedimientos de identificación, acceso a algún tipo de protección, o de sanción. El respeto de los Derechos Humanos debe ir por delante.
